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Para la opinión pública ha quedado en evidencia la otra cara de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de Lidia Cacho, Atenco y El Encino.
Parques Conmemorativos es otro de los casos en el que los máximos interpretes de la constitución infringieron la ley a través de la simulación de actos jurídicos, coludiéndose para que determinaciones dictadas por la propia Corte Suprema y Magistrados del Tribunal Colegiado que dictaron resolución que tenía el carácter de cosa juzgada, quedarán sin efectos.
El estado de derecho se finca en sus instituciones, pero cuando éstas se someten a intereses contrarios a la ley, queda al margen la credibilidad de quienes las representan y por ende, se acrecenta la desconfianza de los gobernados.
Los hechos relatados en este libro se definieron con acuerdo dictado por el Pleno de la Corte, exactamente 72 años después de haberse iniciado el procedimiento judicial al que se hace referencia. El asunto tuvo su inicio el 4 de noviembre de 1931 y los Ministros determinaron su conclusión en el año 2003, mismo día y mes en que se inició.
Los Ministros modificaron ejecutorias que tenían el carácter de cosa juzgada, actuando ilícitamente, dejando en la ignominia a los Magistrados y Juez que habían resuelto con independencia de presiones de poder, señalando que la Corte podrá interpretar cuál es el alcance real de los amparos ya concedidos a ciudadanos y además modificar los peritajes, pruebas o cualquier otro elemento que las instancias inferiores hubieran tomado en cuenta.
Es evidente que la independencia, imparcialidad, autonomía, objetividad y excelencia que pregonan nuestras máximas autoridades judiciales en su Código de Etica, no rigen en las resoluciones que dictan.
La corrupción, impunidad, la discrecionalidad, forman parte vertebral de la historia de México, en la que la dignidad, la ética, los valores, han sido los grandes ausentes. Tal pareciera que dichos conceptos y defectos, son genéticos y se transmiten de generación en generación.
En esta denuncia también se destaca el silencio de la Cámara de Diputados, en la solicitud de declaración de procedencia de ejercicio de la acción penal que promoví en contra de los Ministros que se señalan como responsables.
El Poder Legislativo debería ser símbolo de la virtud y estar “presente” cuando se toman decisiones importantes y no obedecer o defender intereses que no sean los de sus representados.
Somos responsables de permitir a los funcionarios y a quienes pretenden cargos públicos, que continúen en sus poses de arrogancia, soberbia y frivolidad. Es tiempo de actuar y responder como sociedad a todos aquellos que con sus acciones, impiden que México se erija en la Nación que vislumbraron los hombres que nos dieron patria y libertad.